Raphael Machado
Es difícil confirmar si Brasil ya es un Narcoestado, pero parece indudable que este riesgo existe, en caso de que el país no asuma una postura más dura en el combate al crimen organizado.
Escríbenos: infostrategic-culture.su
El concepto de Narcoestado ha sido utilizado desde los años 80 para designar países en los cuales las organizaciones criminales narcotraficantes se han vuelto tan poderosas, influyentes y omnipresentes, que sus agentes, intereses y dinero atraviesan la mayoría de las principales instituciones del país. El término se utilizó para Bolivia y Panamá en los años 80, pero ha sido más comúnmente empleado para describir, también, el grado de poder de los cárteles colombianos y mexicanos en sus respectivos países.
En este sentido, cuando se descubre que en un determinado país, por ejemplo, organizaciones narcotraficantes financian campañas electorales (y logran elegir a sus favoritos) para cargos públicos, tienen el control sobre actividades económicas legales importantes, penetran el Poder Judicial para garantizar decisiones judiciales favorables, y poseen otros niveles y expresiones de influencia (que pueden darse en la religión, la cultura y otras áreas), entonces quizás estemos frente a un Narcoestado.
Con base en esto, la situación brasileña es preocupante.
Nacidas en las cárceles, las principales y más antiguas organizaciones narcotraficantes brasileñas comenzaron básicamente como estructuras cooperativas de autodefensa y coordinación de criminales condenados. Pero a medida que sus miembros regresaron a las calles y reclutaron aún más miembros, fueron adquiriendo gradualmente un alcance sorprendentemente mayor.
Aquí tomamos como ejemplos paradigmáticos a las organizaciones "Comando Vermelho" (CV) y "Primeiro Comando da Capital" (PCC), que son las más grandes de Brasil y tienen ramificaciones internacionales. El PCC, en particular, opera en 24 países y tiene un facturación anual de 1 billón de dólares.
En general, el CV y el PCC actúan como megacorporaciones dotadas de diversos departamentos y subdivisiones, además de tercerizar funciones a otras organizaciones criminales. Ambas también intentan dominar el ciclo completo del narcotráfico, involucrándose tanto en la producción, el refinamiento, el transporte, la exportación al por mayor y la venta al por menor, además de dominar territorios con bandas armadas y controlar, también, pandillas que practican otros crímenes como robos, secuestros, etc.
Si originalmente estas facciones solo importaban drogas producidas a partir de operaciones en Bolivia o Colombia, actualmente ellas mismas poseen grandes latifundios dedicados a la producción de drogas. Especialmente en Paraguay, pero también del lado brasileño de la frontera. En Paraguay, en particular, el PCC se impuso sobre traficantes locales y se convirtió en uno de los principales propietarios de tierras del país. Estas haciendas, especialmente las situadas en Brasil, por cierto, no sirven solo para el cultivo, sino también para operaciones de lavado de dinero.
El PCC, además, ha penetrado el sector de los combustibles en Brasil, de modo que hoy se estima que son propietarios de poco más de mil estaciones de gasolina y de 5 usinas de caña de azúcar (las cuales producen alcohol). En otras palabras, el PCC controla aproximadamente el 3% de las estaciones de gasolina de un país como Brasil.
En cuanto al ámbito político, en 2018 investigadores señalaron la presencia de al menos 20 candidatos en Río de Janeiro y São Paulo que eran financiados por el narcotráfico, pero el problema parece ser mucho más amplio. Una investigación de 2024 reveló que el PCC había desembolsado casi 2 billones de dólares para financiar campañas electorales, utilizando para ello una fintech creada por ellos mismos. Con esto, uno de sus principales objetivos era ganar licitaciones de obras públicas para otras empresas bajo su control.
Quizás aún más grave es el esfuerzo de las organizaciones criminales, especialmente el PCC, por penetrar el Poder Judicial y otras instituciones relacionadas con la aplicación o garantía de la ley. No se trata de una metodología basada en el soborno de jueces ya formados, sino de una estrategia mediante la cual el PCC paga los estudios de jóvenes y financia su preparación para que sean aprobados en los exámenes públicos para juez, fiscal o policía. Considerando que esta estrategia está activa desde hace algunos años, no hay aún cómo estimar si ya ha tenido éxito y, por lo tanto, cuántos agentes del Estado habrían sido entrenados desde la juventud para ocupar sus cargos en beneficio del narcotráfico.
Es por eso que la información reciente de que el PCC y el CV habrían organizado una tregua preocupa bastante a las autoridades brasileñas. Ambas organizaciones se han enfrentado de forma sangrienta durante más de 10 años, pero decidieron poner fin al conflicto para coordinar mejor su actuación dentro de las cárceles, así como para compartir rutas del narcotráfico (en general, el PCC controla la ruta meridional, mientras disputa con el CV la ruta amazónica). Si esta tregua se convierte en una alianza sólida, se tendrá en Brasil básicamente una estructura monopolista controlando casi todo el submundo del crimen de una de las mayores naciones del mundo.
Para que se entienda la profundidad de la situación, incluso en el ámbito musical el crimen organizado ha logrado penetrar abiertamente. Cantantes de funk vinculados a facciones criminales se están volviendo cada vez más famosos y populares en Brasil, con destaque para "Oruam", hijo de uno de los principales jefes del Comando Vermelho. A pesar de cantar, en sus shows, "himnos" del CV, él frecuenta programas de televisión y es invitado a tocar en grandes festivales de música (no pocas veces, financiados con dinero público).
En resumen, es difícil confirmar si Brasil ya es un Narcoestado, pero parece indudable que este riesgo existe, en caso de que el país no asuma una postura más dura en el combate al crimen organizado.