Eduardo Vasco
Lula gobierna para los banqueros y privatiza mientras la izquierda reprime a los trabajadores; su derrota electoral sería culpa de él, no del pueblo.
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El gobierno de Lula está aplicando una serie de medidas en este segundo semestre con el fin de agradar al mercado financiero. En el proyecto de presupuesto para 2027, redujo los recursos destinados al Bolsa Família y congeló su valor para cada familia, además de establecer un sistema que impone restricciones para aumentar el salario de los funcionarios públicos. Además, también autorizó un recorte de hasta R$ 16.600 millones en salud y educación para 2027.
Hace pocos días, el gobierno anunció el reajuste del Bolsa Família, después de tres años de congelamiento. Pero no pasa de ser una medida electoralista y oportunista que busca responder al mal desempeño de su campaña frente al crecimiento de Flávio Bolsonaro y al escándalo que involucra a Alexandre de Moraes, con quien Lula y el PT se aliaron en los últimos años.
Lula se vio obligado a modificar puntualmente una decisión para revertir la tendencia de caída de su popularidad a pocas semanas de la primera vuelta. Esto, por lo tanto, no significa un cambio en la concepción política del gobierno. Las demás medidas que viene adoptando, sobre todo en los últimos meses y con vistas a un nuevo mandato, apuntan a una reducción de la maquinaria gubernamental, atendiendo a las exigencias formuladas por los banqueros.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, ha realizado una serie de consultas con economistas neoliberales que formaron parte de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y que hasta hoy están vinculados al gran capital financiero, como Pedro Malan y Armínio Fraga. La idea de Durigan es precisamente escuchar propuestas para aplicar un ajuste fiscal con el fin de reducir el gasto público. Declaró públicamente que trabaja para producir superávits primarios crecientes a partir de 2027, mantener el marco fiscal y reducir los gastos obligatorios. Técnicos del equipo económico del gobierno también están estudiando reducir los reajustes de las jubilaciones y pensiones.
Al mismo tiempo, el gobierno está acelerando las privatizaciones de infraestructuras ferroviarias y viales, como tramos de la autopista Régis Bittencourt y ferrocarriles federales, algo que no se esperaba por parte de Lula y del PT. Correos, una de las principales empresas estatales, también está en la mira de Durigan: pretende abrir espacio para asociaciones privadas con el fin de reestructurar la empresa. De hecho, en julio el gobierno privatizó la antigua sede de Correos en Río de Janeiro.
Lula fue elegido en 2022 prometiendo revertir las principales iniciativas adoptadas desde el golpe de 2016 en las áreas económica y social. De hecho, en sus primeros meses esbozó un gobierno nacionalista de izquierda, retirando a las principales empresas estatales del programa de privatización de los gobiernos anteriores. En 2023, no incluyó ni una sola obra de infraestructura en el Programa Nacional de Desestatización, aunque tampoco extinguió dicho programa.
Pero la presión proveniente de sus "aliados" de la llamada frente amplia -representados por Alckmin, Tebet, Marina Silva y los partidos del centrão de los cuales siempre dependió en el Congreso Nacional- consiguió poner al gobierno de rodillas. A partir de 2024, Lula incluyó al menos 28 obras de infraestructura en el programa de desestatización (privatización), con la concesión al sector privado de sectores clave para el desarrollo nacional. Además de los tramos ferroviarios, viales, hidroviarios y accesos portuarios, actualmente existen 13 aeropuertos en camino de ser incluidos en el programa de privatización.
Además, en el programa para un posible nuevo mandato, Lula excluyó propuestas tradicionales del PT que figuraban en el programa de las elecciones anteriores, como el apoyo a la reforma agraria, el combate a las privatizaciones y la tarifa cero en el transporte.
En el plano político e ideológico, el gobierno elegido por la movilización de los trabajadores se parece más a un gobierno liberal de tipo europeo.
La burguesía internacional aplica en todo el mundo la misma política de cierre del régimen, ante la crisis insoluble del modo de producción capitalista, en un intento de aplazar la caída fatal de su dictadura de clase. Ese cierre del régimen está impulsado por la comprensión de que la política neoliberal será combatida por los trabajadores mediante acciones radicales. Como es la única política posible en la coyuntura actual, ya que no existe riqueza suficiente para sostener un régimen de bienestar social, esa reacción popular es inevitable. La burguesía imperialista, por lo tanto, busca al menos aplazarla.
Y ese aplazamiento se produce mediante medidas de excepción contra toda la población. La censura a la libertad de expresión, la persecución judicial, la prisión y las multas altísimas contra todos aquellos que no se adaptan a este régimen o que lo enfrentan abiertamente se han convertido en la regla de la sacrosanta "democracia" propagandeada diariamente por los periódicos.
Lula, el PT y la izquierda brasileña -indicando su rumbo hacia la descomposición y la evolución hacia una especie de socialdemocracia europea, antiproletaria y neoliberal- apoyan todas las medidas arbitrarias que el Estado brasileño, guiado por sus amos imperialistas, viene aplicando contra la población. Es claro que, tratándose de progresistas como son, la burguesía pseudoliberal necesita utilizar un señuelo aparentemente progresista para obtener el apoyo de ese sector. Es la llamada ideología woke, o el identitarismo.
En nombre de la defensa de las mujeres, los negros, los travestis, las personas con discapacidad motriz, los enanos y los niños, así como en defensa de la "democracia", un número creciente de ciudadanos comunes, pobres, oprimidos y aplastados por el sistema capitalista está siendo humillado públicamente, multado y encarcelado por el aparato estatal de la burguesía controlado por el imperialismo, con el apoyo total de la izquierda, especialmente del gobierno de Lula.
Entonces, lo que tuvimos durante cuatro años fue un gobierno elegido por los trabajadores que aplicó una política de tendencia neoliberal en la economía y represiva en lo que respecta a los derechos políticos.
Atada como está a la correa que sostienen el Partido Demócrata y George Soros, la izquierda brasileña se volvió decididamente contra los trabajadores, a quienes dice representar.
Y ahora está desesperada ante una derrota electoral cada vez más posible. Ciega y prepotente como es, todavía cree que el pueblo es estúpido y que por eso millones prefieren a Flávio Bolsonaro antes que a Lula. El pseudobolsonarista, Haddad de la derecha, dependiente de Trump y perrito faldero de los banqueros, está simplemente cosechando los frutos de presentarse como opositor del desastre representado por la candidatura de Lula.
Si Lula pierde las elecciones, el principal culpable no será el bolsonarismo ni tampoco el pueblo. El principal culpable será el propio Lula, su partido y la izquierda cipaya del imperialismo.