Lorenzo Carrasco
La crisis del Estado moderno, el laicismo radical y la revancha de la Metafísica
Escríbenos: infostrategic-culture.su
Lo que estamos presenciando en Europa occidental podría interpretarse como una nueva caída de la Bastilla. No se trata ahora del derrumbe de una fortaleza o de un régimen político, sino de una crisis de legitimidad y representatividad de las instituciones del Estado moderno, que pone en cuestión los fundamentos filosóficos y morales sobre los cuales se edificó el orden político contemporáneo.
La caída de la Bastilla de 1789 simbolizó la ruptura con el Antiguo Régimen y el comienzo de una transformación institucional que se extendería por gran parte del mundo. Sin embargo, el Estado no fue una creación de la Ilustración ni de la Revolución francesa. Sus antecedentes institucionales, jurídicos y espirituales se encuentran, en buena medida, en la civilización cristiana medieval.
Hoy, más de dos siglos después, el creciente distanciamiento entre gobernantes y gobernados, la pérdida de confianza en los partidos y parlamentos y las dificultades de representación política sugieren una crisis que no puede reducirse a las vicisitudes electorales. En Iberoamérica, este alejamiento entre las instituciones y los pueblos también adquiere características particularmente visibles.
Nuestra hipótesis es que no estamos ante una perturbación coyuntural, sino ante el posible agotamiento de determinadas concepciones del poder político. En última instancia, la crisis institucional es también una crisis espiritual: de la concepción del hombre, de la naturaleza de la autoridad y de los fundamentos de la justicia.
De la comunidad política cristiana al Estado moderno
La cristiandad medieval contribuyó decisivamente a la formación de los reinos territoriales europeos y a una concepción de la autoridad subordinada a un orden moral superior al poder de los gobernantes. Esta tradición encontró una de sus formulaciones filosóficas más acabadas en santo Tomás de Aquino, quien definió la ley como una ordenación de la razón dirigida al Bien Común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad.
Para santo Tomás de Aquino, la legitimidad del poder no deriva exclusivamente de su capacidad para imponer leyes, sino de su conformidad con la justicia y el Derecho Natural. El gobernante no es propietario de la comunidad: su autoridad existe para servirla. Los reinos medievales contribuyeron al proceso histórico que posteriormente daría origen a los Estados nacionales soberanos, mientras que la Escuela de Salamanca, especialmente Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, continuó desarrollando la reflexión sobre la comunidad política, la legitimidad de la autoridad y sus límites morales.
Sin embargo, la concepción moderna de la soberanía experimentó importantes transformaciones con Jean Bodin. Posteriormente, Montesquieu propuso la separación de poderes como garantía contra el despotismo, mientras que la Revolución francesa redefinió la soberanía nacional y la representación política. Aunque estas transformaciones aportaron instrumentos importantes para limitar el poder arbitrario, también abrieron un problema fundamental: la posibilidad de que la legitimidad terminara identificándose exclusivamente con los procedimientos institucionales y la voluntad legislativa.
La cuestión dejó de ser, en determinadas corrientes, responder para qué existe la autoridad política, y pasó a concentrarse predominantemente en cómo se constituye, distribuye y ejerce el poder. La separación de poderes puede limitar el despotismo, pero no garantiza por sí sola la justicia. Cuando la legalidad positiva pretende sustituir al Derecho Natural, el Estado corre el riesgo de convertirse en la fuente última de legitimidad moral.
El laicismo radical como religión secular del Estado
La Ilustración constituyó un movimiento intelectual complejo, del cual surgieron importantes contribuciones a la libertad política. Sin embargo, algunas de sus corrientes más radicales impulsaron la desvinculación de la vida pública respecto de los fundamentos metafísicos y religiosos de la civilización occidental.
El problema no consiste en la legítima autonomía del poder temporal, sino en la pretensión de convertir al Estado en una autoridad moral autosuficiente, capaz de determinar por sí misma los fundamentos últimos de la ley y de la justicia.
Aquí aparece una paradoja profunda: el Estado que pretende emancipar al hombre de toda autoridad religiosa puede terminar atribuyéndose a sí mismo una autoridad prácticamente absoluta sobre las conciencias.
En sus expresiones extremas, el laicismo radical adquiere características de una verdadera religión secular del Estado, con dogmas, símbolos, ortodoxias y mecanismos de exclusión. Pensadores como Eric Voegelin y Emilio Gentile examinaron, desde perspectivas diferentes, esta sacralización de la política, por la cual determinadas ideologías modernas llegan a atribuir al Estado funciones casi religiosas. La voluntad política pretende entonces ocupar el lugar de la verdad, la legalidad positiva el de la justicia, y el poder estatal corre el riesgo de convertirse en árbitro último de la conciencia humana.
De la Vendée a la Cristiada: la victoria tácita de la libertad de conciencia
Una de las contradicciones más dramáticas de la Revolución francesa se manifestó en la Vendée durante 1793 y 1794. La resistencia de aquellas comunidades rurales, motivada por el reclutamiento militar obligatorio, las transformaciones revolucionarias y la persecución religiosa, fue seguida de una represión devastadora contra la población. La magnitud de aquella tragedia revela una contradicción fundamental: la Revolución que proclamaba la libertad universal terminó persiguiendo violentamente a comunidades que pretendían conservar sus convicciones religiosas y sus tradiciones.
Más de un siglo después, una tensión comparable reapareció en México durante la Cristiada (o Guerra Cristera), de 1926 a 1929, desencadenada por las severas restricciones religiosas impuestas durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y por la resistencia de amplios sectores católicos. Aunque ambos conflictos tuvieron causas y circunstancias diferentes, revelan un problema histórico común: la pretensión de determinados poderes políticos de someter la vida religiosa de comunidades que consideraban sus creencias inseparables de su identidad colectiva. La paradoja es evidente: un Estado proclamado libre de toda religión puede terminar comportándose como si él mismo fuese una religión obligatoria. Una religión secular sin derecho a la redención.
Y aquí aparece una ironía histórica todavía más profunda.
La crisis de legitimidad que afecta actualmente a numerosas instituciones del Estado moderno podría interpretarse como una victoria tácita, tardía y simbólica de la Vendée y la Cristiada.
No se trata de una victoria militar retrospectiva ni de justificar toda la violencia de aquellos conflictos, sino de reconocer la vigencia del principio que defendían muchas de aquellas comunidades: la conciencia humana no pertenece al Estado y la autoridad política encuentra límites en la dignidad de la persona, el Derecho Natural y el Bien Común.
Aquellos pueblos fueron derrotados militarmente, pero la cuestión fundamental que plantearon permanece abierta: ¿puede un poder político legítimo imponer a la sociedad una concepción obligatoria de la vida moral y espiritual?
La crisis contemporánea no demuestra por sí sola el agotamiento del Estado laico, pero invita a reconsiderar las pretensiones del laicismo radical y sus tendencias hacia la absolutización ideológica del poder.
León XIV y las nuevas protestas estudiantiles
En este contexto, el viaje apostólico del papa León XIV a Francia, en septiembre de 2026, adquiere un significado que trasciende su dimensión pastoral.
Precisamente en la nación que hizo de la Revolución de 1789 uno de los grandes símbolos de la modernidad secular, el Pontífice volvió a plantear cuestiones relacionadas con las raíces cristianas de Europa, la libertad religiosa, la dignidad humana y los fundamentos morales de la convivencia política. Sus intervenciones permiten distinguir entre una laicidad que protege la libertad religiosa y la autonomía institucional, y un laicismo radical que pretende excluir de la deliberación pública toda referencia a un orden moral trascendente.
Las movilizaciones estudiantiles francesas de septiembre y octubre de 2026 añadieron otra dimensión a este escenario. Las protestas, iniciadas antes del viaje pontificio, denunciaron el deterioro de las condiciones educativas, la falta de profesores, las desigualdades de oportunidades y la incertidumbre sobre el futuro.
Estas reivindicaciones deben distinguirse de los episodios violentos protagonizados por algunos participantes que recurrieron a tácticas asociadas a los Black Blocs. La presencia de estos grupos no demuestra por sí sola una manipulación organizada de las protestas ni permite desacreditar las demandas del conjunto del movimiento estudiantil.
Lo significativo para nuestro argumento es que una nueva generación cuestione la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones dignas de formación y participación social.
De mayo de 1968 a octubre de 2026: la ironía de la Historia
Existe una ironía histórica reveladora al comparar las movilizaciones estudiantiles actuales con las de mayo de 1968.
Aquel movimiento, asociado a la contracultura y a la llamada triple revolución del sexo, las drogas y el rock, contribuyó a transformar profundamente las costumbres occidentales. También contenía reivindicaciones anticapitalistas, aunque su legado cultural adquirió posteriormente una importancia predominante.
Mayo de 1968 tuvo, además, una dimensión política y geopolítica frecuentemente relegada a un segundo plano: la desestabilización del gobierno de Charles de Gaulle, defensor de la soberanía nacional frente a las asimetrías del sistema monetario internacional.
De Gaulle había denunciado los privilegios del dólar en el marco de los acuerdos de Bretton Woods y retirado a Francia de la estructura militar integrada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1966. Las movilizaciones estudiantiles y la huelga general de 1968 provocaron una crisis de su gobierno, que desembocó en su renuncia en abril de 1969, tras perder un referéndum. Vistas retrospectivamente, aquellas movilizaciones presentan ciertas semejanzas con mecanismos utilizados en las "revoluciones de colores" contemporáneas.
La ironía aumenta al recordar que, en agosto de 1971, Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro, dando inicio al desmantelamiento del sistema de Bretton Woods, cuyas asimetrías De Gaulle había cuestionado.
Casi seis décadas después, en octubre de 2026, los estudiantes franceses vuelven a las calles, pero ahora sus reivindicaciones inmediatas se concentran en la educación, los servicios públicos y las perspectivas materiales de futuro.
La juventud de 1968 cuestionaba los valores y las estructuras de la sociedad heredada; la de 2026 cuestiona las condiciones de vida y las oportunidades que la sociedad contemporánea le ofrece.
Esta inversión histórica adquiere particular significado ante las transformaciones económicas producidas por décadas de globalización y por políticas que han subordinado, en diversos grados, servicios esenciales a criterios de rentabilidad.
La concentración estudiantil del 8 de octubre de 2026 en la plaza de la Bastilla añade una dimensión simbólica a nuestra reflexión.
No sabemos si estas movilizaciones alcanzarán la proyección internacional de mayo de 1968. Sin embargo, las preocupaciones sobre la educación, la precariedad y el futuro no son exclusivamente francesas.
Ambas generaciones, desde circunstancias diferentes, terminan confrontadas con una pregunta fundamental: ¿para qué existe el Estado y a quién deben servir sus instituciones?
La Doctrina Social de la Iglesia y la primacía de la sociedad
Ante esta crisis, la Doctrina Social de la Iglesia adquiere una actualidad extraordinaria.
Desde la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, hasta Centesimus Annus, de Juan Pablo II, pasando por Quadragesimo Anno, de Pío XI, y Populorum Progressio, de Pablo VI, la Iglesia desarrolló una concepción de la sociedad fundamentada en la dignidad humana, el Bien Común, la subsidiariedad, la solidaridad y la participación.
Estos principios, arraigados en la tradición del Derecho Natural, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente de aquella que convierte al Estado en propietario de la sociedad.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su número 417, afirma que la comunidad política existe para servir a la sociedad civil, de la cual deriva. Este principio establece una distinción decisiva: la sociedad no existe por concesión del Estado; es el Estado quien encuentra su justificación en el servicio a la sociedad.
La familia, los municipios, las comunidades locales, las asociaciones y los cuerpos intermedios poseen una legitimidad propia que no depende exclusivamente de la voluntad estatal.
La crisis contemporánea también posee una dimensión económica. La concentración del poder financiero, las diferentes formas de rentismo y la subordinación de las decisiones públicas a intereses particulares plantean interrogantes sobre la capacidad efectiva de las instituciones para realizar el Bien Común.
La economía, los mercados y las finanzas deben servir al desarrollo integral de la persona y de la comunidad, y no convertirse en fines autónomos a los cuales se subordina la existencia social.
De ahí que la Doctrina Social de la Iglesia aparezca con una dimensión verdaderamente profética: no porque ofrezca una fórmula institucional acabada, sino porque conserva principios permanentes capaces de orientar la reconstrucción política.
Reconstruir el vínculo entre los pueblos y sus gobiernos
Si la crisis contemporánea alcanza efectivamente los fundamentos del Estado moderno, su superación no podrá limitarse a reformas electorales, alternancias partidistas o modificaciones administrativas. La tarea fundamental será desarrollar la creatividad necesaria para concebir nuevas formas institucionales capaces de restablecer el vínculo entre los pueblos y sus gobiernos. Y, en conjunto, promover un renacimiento cultural y moral en el que la justicia, el bien y la belleza sean valores predominantes.
No se trata de restaurar mecánicamente instituciones del pasado ni de sustituir un absolutismo secular por otro religioso, sino de recuperar principios permanentes para responder a circunstancias históricas nuevas. La representación política debe favorecer la participación efectiva de la sociedad, reconocer la autonomía de los cuerpos intermedios y evitar que las estructuras burocráticas sustituyan la vida real de las comunidades.
La soberanía nacional tampoco debe confundirse con la soberanía absoluta del aparato estatal. Su legitimidad deriva de su vinculación con la comunidad política y de su orientación hacia la justicia y el Bien Común.
No son los pueblos quienes deben justificar su existencia ante el Estado, sino el Estado quien debe justificar permanentemente su autoridad mediante el servicio a los pueblos.
La revancha de la Metafísica frente al secularismo
Llegamos así a la paradoja final de nuestro tiempo.
Durante más de dos siglos, determinadas corrientes de la modernidad intentaron construir un orden político progresivamente emancipado de los fundamentos religiosos y metafísicos que habían informado a la civilización occidental.
La voluntad legislativa, la razón instrumental y la organización burocrática adquirieron una centralidad creciente. Sin embargo, la crisis contemporánea vuelve a colocar en primer plano precisamente aquellas cuestiones que el secularismo radical pretendió relegar.
¿Qué es el hombre ? ¿Qué constituye una sociedad justa ? ¿De dónde procede la autoridad legítima ? ¿Existen derechos anteriores al Estado ? ¿Puede la voluntad de la mayoría convertir en justo aquello que contradice la dignidad humana ? ¿Cuál es el fundamento último del Bien Común?
Estas preguntas no pueden resolverse exclusivamente mediante procedimientos administrativos, mecanismos electorales o cálculos económicos.
Son, en última instancia, preguntas filosóficas y metafísicas.
Y aquí aparece lo que podríamos llamar la revancha de la Metafísica frente al secularismo.
No se trata de una revancha religiosa ni de restaurar por la fuerza un orden político desaparecido. La paradoja consiste en que las cuestiones fundamentales que determinadas concepciones modernas pretendieron excluir de la vida pública reaparecen en el corazón mismo de la crisis institucional.
La Vendée y la Cristiada recuerdan los límites morales del poder político. El viaje de León XIV a Francia vuelve a plantear la relación entre las raíces espirituales de Europa y su organización política. Las movilizaciones estudiantiles de octubre de 2026 ponen de manifiesto, desde otra perspectiva, las inquietudes de las nuevas generaciones ante el futuro.
Y el pensamiento de santo Tomás de Aquino, prolongado por la Escuela de Salamanca y la Doctrina Social de la Iglesia, recuerda que la autoridad no encuentra su justificación última en la voluntad del gobernante, sino en la justicia y el Bien Común.